Todos a la marcha
Mas de 800.000 personas marcharon en defensa de la Universidad pública.
El Consejo Interuniversitario Nacional y otras organizaciones convocaron a una marcha a Plaza de Mayo para reclamarle al Gobierno por el aumento en las partidas presupuestarias. La movilización arrancó desde el Congreso de la Nación y registró manifestaciones en distintos puntos del país. Asistieron miles de participantes tanto de instituciones públicas como privadas.
Marcha universitaria federal: ¿A quiénes afecta el conflicto con el Gobierno? Hay más de 2 millones y medio de estudiantes universitarios en todo el país. Según datos de 2022 de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, la última información disponible, 4 de cada 5 estudiantes van a una institución pública en la Argentina.
¿A qué se destinan los fondos actuales que van para las universidades? La gran mayoría es para pagar salarios. Un 52% va al pago de sueldos de docentes, otro 31% se destina a salarios de trabajadores no docentes. De acuerdo con datos de la federación Conadu, en marzo un docente universitario con dedicación simple y sin antigüedad cobró un sueldo de $ 137 mil pesos. Este salario cubre un 18% de la canasta básica con la que se mide la pobreza. Si la gestión de Javier Milei no aumenta el presupuesto para las universidades públicas, según los datos de la ONG Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ), este año será el que contará con la menor inversión por estudiante de los últimos 24, como mínimo. La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) analizó la variación interanual ajustada por IPC del gasto devengado de cada universidad nacional entre los acumulados de marzo de 2023 y 2024.
¿Cuál es la situación de las universidades nacionales públicas? El Gobierno dispuso un aumento para los gastos de funcionamiento de las universidades y de los hospitales universitarios, lo que redundaría en un incremento nominal del 91,3% y del 89,5% (respectivamente) con respecto al presupuesto inicial. Como estas partidas representan el 8,9% del total de gastos de Educación Superior, los fondos para el área aumentarían 3,4% respecto al presupuesto original. Si no se aplican nuevos cambios, esto implicaría una pérdida real del 69,3% para todo el año.