El proyecto de ley original permitía que tanto el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como los propietarios de derechos de autor pudieran solicitar como una medida administrativa órdenes judiciales contra sitios web acusados de permitir o facilitar la infracción de los derechos de autoría; aún encontrándose estos sitios alojados en servidores fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos. Adicionalmente, si la solicitud era hecha por por el Departamento de Justicia, podía incluir una orden judicial para impedir la financiación del sitio web infractor bloqueando su acceso a las redes de publicidad, a los facilitadores de pago online e impidiendo a los motores de búsqueda que enlazaran con el sitio infractor. El proyecto de ley establecía un proceso de dos etapas para aquellos propietarios de derechos intelectuales que requiriesen una compensación al verse perjudicados por el sitio infractor. El propietario de los derechos debería primero enviar una notificación por escrito a las empresas facilitadoras de pago y a las redes de publicidad online, informando la identidad del sitio infractor. Estos últimos a su vez deberían enviar una notificación al sitio infractor y suspender los servicios prestados; esto a menos que el sitio infractor entregue a su vez una contranotificación explicando los motivos por los cuales considera que no se encuentra en infracción. En esta situación el titular de los derechos podía demandar una medida cautelar de alcance limitado contra el operador del sitio, ya sea porque el operador del sitio hubiese entregado la contranotificación o porque los servicios de pago o anuncios online no fueron capaces de suspender los servicios prestados en ausencia de tal contranotificación. La segunda sección del proyecto trata sobre la penalización del streaming de video y la venta de medicamentos falsificados. El proyecto incrementa las penas y extiende las ofensas a los derechos de autor incluyendo al streaming no autorizado de contenidos y otras ofensas a los derechos de propiedad intelectual. Penalizando al streaming de contenidos no autorizados con hasta cinco años de prisión por diez infracciones en un plazo de seis meses.

- Protección de los derechos de Copyright
- Acabar con la piratería
- Defender la economía norteamericana
- Protección contra medicamentos falsificados

- Amenaza a la libertad de expresión en Internet
- Impacto negativo en sitios web que alojan contenidos de usuario
- Debilitamiento de las protecciones de "puerto seguro" para sitios web
- Amenazas generales para los negocios relacionados con la web
- Amenaza para los usuarios que suben contenidos
- Amenaza para las redes internas
- Amenaza para el software de código abierto
- Resulta ineficaz para combatir la piratería
- Inspección profunda de paquetes e invasión de la privacidad
- Impacto negativo sobre los DNS, DNSSEC y sobre la seguridad de Internet
- Seguridad en Internet
- Falta de transparencia en la aplicación