Terrorismo de Estado en Argentina

Durante la última dictadura militar, se practicó una violación masiva y sistemática de derechos humanos fundamentales, a través del aparato organizado del poder, que actuó bajo la forma del terrorismo de estado.
Actualmente, las políticas públicas del gobierno nacional ubican el tema en el marco de la crisis política, económica e institucional de diciembre de 2001. La problemática de los derechos humanos, individuales y colectivos, está vinculada a la recuperación de la legitimidad de las instituciones y de la confianza de vastos sectores sociales en el sistema democrático.

Como Proceso de Reorganización Nacional se autodesignó la dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, a consecuencia del golpe de estado producido el 24 de marzo de 1976 que depuso al gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres fuerzas armadas: Jorge Rafael Videla (ejército), Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti.
La junta llegó al poder en un contexto de violento enfrentamiento entre las facciones izquierda y derecha del movimiento peronista; en creciente tensión desde la década del '60, se habían agravado durante el tercer mandato de Juan Domingo Perón y exacerbado a su muerte. Continuando el Operativo Independencia que la presidente María Estela Martínez de Perón había ordenado, la junta llevó a cabo una guerra sucia contra la oposición de izquierdas; con el apoyo inicial del gobierno estadounidense, el gobierno secuestró, torturó y asesinó miles de disidentes y sospechosos políticos de toda índole, incluyendo a médicos y abogados que ofrecieron apoyo profesional a los perseguidos, y estableció centros clandestinos de detención en todo el país para llevar a cabo estas tareas. El resultado fueron 30.000 desaparecidos.
En cada una de esas etapas fueron presidentes Jorge Rafael Videla, Roberto Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri, y Reynaldo Benito Bignone, todos integrantes del ejército. La falta de apoyo al gobierno militar los llevó a emprender la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido, intentando movilizar así la oposición contra el exterior. La derrota infligida marcó el fin político de sus dirigentes, y meses más tarde se llamó a elecciones, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín.
Los líderes del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno gracias al decreto número 158/83 del gobierno de Alfonsín, que además decretó la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, los máximos responsables del terrorismo de estado fueron condenados a largas penas de prisión, aunque los mandos intermedios se beneficiaron de las leyes de Punto Final y Obediencia de vida.
El número exacto de "desaparecidos" no ha sido establecido: los organismos de derechos humanos estiman la cantidad en unos 30.000; la CONADEP documentó 8.961 casos; y hasta 2006 la Subsecretaría de Derechos Humanos tenía registradas aproximadamente 15.000 víctimas. Entre los desaparecidos se encuentra un número niños que se estiman entre 250 y 500, muchos de los cuales fueron adoptados ilegalmente luego de suprimirse su identidad. Existe una organización denominada Abuelas de Plaza de Mayo que se ha dedicado a localizarlos, y que hasta 2006 habían encontrado a 82.

Durante ese tiempo llegaron a funcionar 610 de centros clandestinos de detención, entre los más conocidos la ESMA y el Olimpo, en la ciudad de Buenos Aires, el Campito y el Vesubio, en la Provincia de Buenos Aires, y la Perla, en Córdoba.
La mayor parte de los detenidos-desaparecidos fueron asesinados y hechos desaparecer en los llamados vuelos de la muerte, mediante los cuales fueron tirados al mar vivos y drogados, desde aviones militares.
Estas acciones de represión ilegal constituyeron la llamada guerra sucia y dejaron a las Fuerzas Armadas (sin sustento constitucional eran simples "bandas armadas") en una situación de ilegitimidad e ilegalidad similar, o aun peor, que las otras fuerzas irregulares a las que supuestamente se intentaba combatir.
Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional fueron investigados en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que produjo el famoso informe "Nunca Más".
Por estos crímenes de lesa humanidad las tres juntas de comandantes que gobernaron el país entre 1976 y 1982 (se excluye la última) fueron juzgadas y condenadas en 1984. Otros responsables han sido enjuiciados y condenados tanto en Argentina como en otros países. Los procesos han continuado varias décadas después de los hechos.

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