En los años 70, los trabajadores de Molinos se agruparon en contra de las prácticas laborales del consorcio Bunge & Born, que involucraban la contratación de personal por períodos cortos, generalmente de tres meses, con el propósito de eludir el pago de cargas sociales. Para abordar estas cuestiones y poner fin a la explotación laboral, se formó la Agrupación Gremial 17 de Octubre.
Los delegados sindicales que representaban a los trabajadores de la planta de Avellaneda llevaron a cabo una lucha política y sindical contra la patronal.
Durante ese período, la Comisión Interna emprendió diversas medidas, como paros, huelgas y tomas de la fábrica, como respuesta a las prácticas de la empresa. Además, presentaron denuncias ante la Secretaría de Comercio sobre las maniobras ilegales de la empresa para aumentar sus ganancias. Estas acciones llevaron a un aumento de la persecución hacia los activistas sindicales por parte de la empresa. Con el golpe de Estado de 1976 y la instauración del régimen militar en Argentina, la persecución a los trabajadores y activistas de Molinos se intensificó. El 7 de julio de 1976, efectivos del Ejército ingresaron a la planta con listas previamente confeccionadas y llevaron a cabo un secuestro masivo de trabajadores.
Se estima que el número de personas secuestradas varía, con algunas fuentes hablando de más de 70 personas y otras, como Armando Luchina, estimando la cifra en 90 personas privadas de su libertad.
La mayoría de los testimonios concuerdan en señalar a Parodi, quien estaba a cargo del área estratégica de Recursos Humanos, como la persona detrás de la confección de la lista de empleados a desaparecer. En este contexto, el activista Kreplak responsabiliza a Parodi por su participación en 23 casos de privaciones ilegales de la libertad que ocurrieron entre 1976 y 1978. Estos eventos son parte de la trágica historia de represión y persecución a trabajadores sindicales en Argentina durante ese período.