El diario The New York Times ha publicado este martes un editorial donde critica la decisión del Gobierno chileno sobre la construcción de cinco presas hidroeléctricas en la Patagonia – dos en el río Baker y tres en el Pascua.
En el artículo, el diario, evalúa el plan como “una decisión potencialmente desastrosa” ya que con la construcción de las presas no sólo se destrozaría una proporción inmensa de un paraje virgen único sino que además “abrirá la veda para un mayor desarrollo incluyendo más presas”.
En este sentido, según publica el diario ‘El País’, la portavoz de Hidroaysén, María Irene Soto, opinó que el diario estadounidense parte de errores: "Dicen que habría que talar bajo las líneas de alta tensión, pero no es así, solo los árboles de más de 45 metros. No hay tala rasa de vegetación. Además compara el revuelo social desencadenado en Chile con el argentino cuando en su día se llevó a cabo una operación mucho más grandilocuente. “En la Patagonia argentina hay un proyecto que inunda 45.000 hectáreas, 10 veces más, y que apenas tiene críticas".
El diario continúa su argumento reconociendo la necesidad energética de Chile o el elevado precio en relación a sus vecinos que tiene que pagar por la electricidad, sin embargo, “Chile tiene extraordinarias fuentes de energía renovables, incluyendo la energía solar, geotérmica y eólica que se podrían desarrollar con mucho menos impacto sobre el medio ambiente”. Aspecto rebatido también por Soto, quien ha destacado “la gran dependencia energética (que tiene Chile) del exterior y al contrario que países como Bolivia, apenas tiene gas, petróleo o carbón”.
Tras enumerar datos de la pérdida en superficie que le costaría a la Patagonia Chilena llevar a cabo este proyecto, ‘The New York Times’ concluye diciendo que “quizás entonces el gobierno de Chile, que apoya el proyecto de la presa, se llegue a entender lo que muchos chilenos ya saben: que sacrificar la Patagonia por el poder sería un error irreparable”.
Por su parte, Hydroaysén ha comunicado a través de su web que el proyecto aprobado por el gobierno de Piñera es sostenible y "compatible con otras actividades económicas tales como turismo, producción forestal, servicios, construcción, pesca y ganadería, entre otras".