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Ley de los glaciares
Los glaciares hoy se ven amenazados por un número cada vez mayor de grandes proyectos mineros que avanzan sobre áreas glaciares y periglaciares.
Es preciso que ese proceso de destrucción se detenga de inmediato. Es incomprensible que el Gobierno Nacional esté demorando la aplicación de la “Ley de Glaciares”, aprobada en septiembre de 2010. Esta ley debe comenzar a ejecutarse sin más demoras e iniciarse de manera urgente las auditorías ambientales sobre los proyectos mineros en ejecución.
Los amparos judiciales presentados en la provincia de San Juan, principalmente por la empresa Barrick , que se enmarcan en la causa iniciada ante la Corte Suprema, caratulada “VARGAS, Ricardo Marcelo c/ SAN JUAN, Provincia de y otros s/ daño ambiental”, que inhiben la aplicación de la ley en esa provincia deben ser resueltos inmediatamente. Es un imperativo moral y un principio de responsabilidad colectiva elemental frente a los derechos de las actuales y próximas generaciones que los impulsores de los amparos, desistan de los mismos y se levanten de inmediato las arbitrarias medidas cautelares que bloquean la ley.
Por una política climática seria
El calentamiento global producto del incremento constante de las emisiones de gases de efecto invernadero también será la causa de que buena parte de los glaciares de los Andes desaparezcan en el curso de las próximas décadas, y que la totalidad de ellos verán disminuir su volumen de hielo. Es preciso que el Gobierno Nacional adopte una política climática seria, con las apropiadas medidas de reducción de emisiones que le corresponden a nuestro país así como una coherente política en las negociaciones internacionales. Argentina debe promover y apoyar un acuerdo global que limite las emisiones al máximo posible de manera tal de asegurar que el aumento de la temperatura sea muy inferior al aceptado hasta ahora (2°C).
Este reclamo está dirigido al Gobierno Nacional, máximo responsable por la deliberada ausencia de políticas de protección a los glaciares, a los gobiernos provinciales y empresas, como la Barrick, que sostienen en los hechos una destructiva prioridad de la minería por sobre la permanencia de los glaciares y el derecho humano al agua.